Conciliación obligatoria mediante, el Ministerio de trabajo de la Nación logró desactivar el paro de actividades que preveía la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (Urgara) para exigir la restricción de las actividades laborales en los puertos cerealeros con la vista puesta en la seguridad sanitaria de los trabajadores del sector. El organismo laboral dictó la conciliación obligatoria y, aunque inicialmente el sindicato optó por no acatar la conciliación, finalmente suspendió la medida de fuerza.
El conflicto se desató en torno al decreto por el que se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio para prevenir la propagación del coronavirus en el país. Es que las agroexportadoras siguieron adelante con sus operaciones argumentando que las actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria quedaron exceptuadas de la medida, lo que fue rebatido por el sindicato al sostener que el sector empresario hizo una interpretación “malintencionada” de la normativa para favorecer sus intereses económicos y resolvió parar.
La entidad gremial fijó su planteo en que la medida gubernamental apunta a que las personas se queden en sus residencias para resguardar su salud. Y en esa dirección manifestó su “profunda preocupación como el empresariado agroexportador hace caso omiso a la normativa dictada por nuestro presidente de la Nación, haciendo interpretaciones erradas, malintencionadas e improcedentes del artículo 6 del decreto en sus incisos 13 y 15 que establece las excepciones al cumplimiento de la medida de aislamiento, para dar rienda suelta a su voracidad económica y obligar a todos los trabajadores a prestar tareas como si nada pasara, en esta grave situación por la que atravesamos, poniendo en riesgo no solo a los trabajadores y sus familias, sino a toda la sociedad en su conjunto”.
En ese marco advirtió al sector empresario que los derechos a la salud y a la vida “son protegidos constitucionalmente y la base del resto de los derechos”, para luego, entre otras consideraciones, achacarle que su accionar “refleja una falta total de responsabilidad social empresaria”.
Asimismo , expresó por medio un comunicado que “no puede interpretarse este decreto, sin analizar el contexto en el que fue dictado, la crisis mundial que se vive por la pandemia, la creciente cantidad de infectados y de muertos producto del virus, y sin tener en cuenta las normas (impulsadas) con anterioridad”, por lo que “nos permite concluir que nuestra actividad no es esencial (exportar), que solo se deberán mantener los planteles mínimos indispensables tal como lo señalan las resoluciones 202 y 207 del MTEySS”.
En esa misma línea, Urgara indicó que “los puertos de nuestro pais constituyen uno de los puntos más vulnerables para la expansión del virus, dado que continuamente arriban barcos extranjeros que ingresan sin control alguno, como ya lo denunciamos”, para luego resaltar que “mientras el gobierno establece medidas extraordinarias de aislamiento social para proteger la salud de los argentinos, contrariamente las agroexportadoras, los acopios y las terminales decidieron aumentar su capacidad de trabajo, convocando a los trabajadores a desempeñar tareas”.
Por estas razones, es que el gremio que conduce Pablo Palacio había dispuesto poner en marcha un plan de fuerza “con el objetivo de preservar la integridad y la salud de los 10 mil trabajadores que representa y sus grupos familiares”. La protesta incluía cese total de actividades en puertos, acopios y empresas de control hasta tanto el gobierno nacional “aclare la interpretación, extensión y aplicación del artículo” que generó la controversia ya que Urgara, a diferencia del sector empresario, considera que “claramente” restringe la actividad “dando prioridad a la protección de los trabajadores.
