Costos y paro, son las dos palabras que resumen la actualidad del transporte en general.

Días pasados, un informe de FADEEAC (Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas), resumía los notables aumentos sufridos en los últimos 12 meses, un 62% y un 3% para el primer mes del 2019.

Estos incrementos condicionan el transporte nacional que, apremiado por la situación general, no puede trasladar dichos valores a sus tarifas.

Como una muestra clara de la situación, el informe de FADEEAC lo refleja con total claridad: “La variación de los costos en los últimos doce meses superó el 62%, luego de haber registrado en 2018 el aumento más elevado desde el 2002 (61,5%), y que a su vez también superó en 14 puntos a la inflación minorista récord en 27 años”.

A esta realidad, se suman las fuertes caídas de los volúmenes transportados, producto de la recesión que nos aqueja

Categóricamente, FADEEAC advirtió sobre el riesgo que corre “el desarrollo y la competitividad del sector”.

Más causales para un paro

Mientras los empresarios transportistas hacen oír su voz, asociados a otras entidades y autónomos -que también atraviesan con serias dificultades la crisis y los altos costos- recurren a un paro general para el próximo 25 de febrero.

El mismo nació en el seno del grupo denominado Autoconvocados, un importante sector del transporte, integrado por transportistas asociados a diferentes entidades que no se sienten representados por ellas, y otros tantos, transportistas independientes.

En este caso, la situación es todavía más angustiante, ya que se trata de PyMES y autónomos que, tal como lo asevera el líder del sector de Autoconvocados, Daniel Rambaud: “nos fundimos trabajando”.

Especializados en el transporte de cereal, que se encuentra en plena cosecha, los Autoconvocados exigen el “pago real” de las tarifas acordadas por las entidades y el gobierno, y que las mismas sean auditadas a través de la AFIP

La actuación de la entidad recaudadora permitiría el cumplimiento real de los valores que figuran en las cartas de porte. Un mejor control redundaría en una mayor contribución impositiva y una reducción del empleo “en negro”.

En principio la protesta del 25 de febrero se traducirá en un bloqueo de los puertos, pudiendo llegar a extenderse la medida a cortes de ruta en diversos puntos del país.

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