A pesar de ser una de las provincias con mayor índice de patentamientos a nivel nacional, y mayor producción de remolques, Santa Fe todavía no adhirió al decreto 32/2018, que eleva la capacidad de carga de 45 a 75 toneladas.

La decisión gubernamental tomada a comienzos del presente año, tiene el objetivo de reducir los costos logísticos del transporte argentino, aportando también a la seguridad del mismo y de su entorno en las rutas argentinas.

El decreto 32/2018, que modificó la Ley Nacional de Tránsito, fue recibido con beneplácito por transportistas y por fabricantes que, en ambos casos apostaron a realizar una nueva inversión, la cual ahora se encuentra paralizada en una de las principales áreas productivas de nuestro país.

Preocupación en el sector y la industria autopartista de Santa Fe

La demora de la provincia de Santa Fe, plantea un escenario preocupante para ambos sectores, ya que esta nuclea a la mayoría de los puertos agroexportadores. Ante este retraso, una fuerte inversión está paralizada ya que hasta el momento muchos camiones y semirremolques escalados para 52,5 toneladas no podrían transitar por sus rutas provinciales.

Ante la crisis que afecta a todo el país, acentuándose en las economías regionales, la aplicación de la nueva normativa en todo el territorio nacional permitiría una inmediata mejora en las capacidades de carga, con el consecuente beneficio de reducir costos logísticos.

Con este panorama, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), y la Cámara Argentina de Fabricantes de Acoplados y Semirremolques (CAFAS), principales impulsores de la nueva normativa, alertaron ante el retraso que ha inmovilizado la inversión ya realizada.

La prolongación de esta situación ya suspendió otras inversiones ya encaminadas, lo cual se suma a la caída de las ventas de camiones, del orden del 30%, y de remolques situada en una retracción del 15%. Este último sector ya había registrado una merma del 50% promedio que, sumado a lo anteriormente dicho, podría provocar la pérdida de puestos laborales.

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