Timbúes, parte del polo agroexportador más importante del país, dispuso el cierre de todas las terminales portuarias ubicadas en esa comuna y la prohibición para que circulen camiones.
La medida se extenderá hasta el 3 de abril y apunta a preservar a la población de posibles contagios de coronavirus, e incolucra a las terminales de las firmas Cofco, Dreyfus, Renova, AGD y ACA.
Al igual que otras localidades vecinas, como San Lorenzo y Puerto General San Martín, Timbúes es una comuna clave para la agroexportación. Lógicamente, el cierre provocará una notable reducción en el tránsito de camiones, especialmente en el sur de Santa fe y Córdoba y el norte de la provincia de Buenos Aires, además de un notable impacto en el ingreso de divisas al país.
Amaro González, jefe comunal de Timbúes, había amenazado el lunes pasado con cerrar las terminales si no se permitía que autoridades sanitarias locales realicen controles a la tripulación de los buques que llegan desde todo el mundo y operan en la zona. Esperaba una respuesta de autoridades nacionales para tomar una decisión.
El funcionario santafesino señaló: “A partir de la 0 hora del jueves y hasta el 2 de abril quedan suspendidas todas las actividades comerciales e industriales, es decir que las plantas cerealeras que convocan a miles de camiones por día deben suspender sus actividades. Serán absolutamente responsables los gerentes de esas plantas de que esa ordenanza se cumpla porque es para preservar la vida de nuestra gente y de los transportistas que llegan”.
Según el diario Clarín, que recogió las opiniones de los agroexportadores, estos aseguran que la decisión de cerrar todas las terminales portuarias «es lamentable». «Es increíble e inédito. Las medidas preventivas están vigentes desde el inicio de la crisis sanitaria y se actúa con muchísima responsabilidad para proteger la salud de los trabajadores y prestadores de servicios. Todos los protocolos sanitarios están activos y en pleno funcionamiento. No se deben hacer usos políticos de la grave situación sanitaria», indicaron. Y agregaron: «El transporte y la exportación de granos y subproductos es una actividad esencial del país. Si alguien la detiene sin justificaciones reales, esto causará un daño a los trabajadores y al país».
Las medidas exceden la actividad industrial y la operatoria agroexportadora. El intendente González licenció a todos los empleados de la comuna hasta el 3 de abril, dispuso prohibir reuniones -sociales, políticas, religiosas- y acotó el movimiento comercial.
Sólo atenderán locales que vendan comida o artículos de primera necesidad para la población, como medicamentos. Dentro de los comercios sólo podrá haber cuatro personas. El resto deberá hacer cola afuera del local.
El lunes, en una medida que apuntaba solamente a las terminales portuarias, González amenazó con el cierre y con accionar “civil y penalmente” contra los gerentes de las cerealeras y contra los funcionarios que no tomaron cartas en el asunto para realizar controles médicos sobre las tripulaciones que llegaban al país.
“No puede ser que las agencias marítimas tengan superpoderes para decidir quién ingresa a la Argentina y quién no y en qué estado de salud ingresa. Los barcos sólo presentan una declaración jurada del capitán. Queremos que haya un control riguroso de la situación sanitaria y que nos transfieran la responsabilidad para hacer esos controles”, explicó González a Clarín.
La comuna de Timbúes lanzó a principios de febrero una serie de medidas preventivas ante el avance mundial del coronavirus. Dispuso puestos sanitarios, personal médico y traductores. Sin embargo, esas medidas no se traducían en la posibilidad de ejercer controles sobre los barcos.
“La enfermedad está caminando entre nosotros y quiere entrar. Pretendemos tener la prevención suficiente para frenar la embestida del virus. Tenemos la obligación moral y la responsabilidad institucional”, indicó González.
El jefe comunal reconoció que el gerente de una cerealera le anticipó, tras conocer la decisión de la paralización de la actividad, que se tendría que atener “a las consecuencias jurídicas” por su medida. “No le tengo miedo. Le tengo miedo a la muerte, no a una instancia judicial. Si algún juez habilita algún recurso a alguna de estas empresas para trabajar, será el juez el que cargue sobre su conciencia y quien tenga que darle las respuestas a las personas que se enfermen por no tomar las medidas necesarias”, advirtió.
Timbúes tuvo en las últimas horas dos casos sospechosos de coronavirus. Una joven de 19 años que regresó del exterior y una estadounidense que realizó tareas en los puertos y que, tras comprobarse que estaba alojada en un hotel de San Lorenzo, se dispuso que cumpla allí el aislamiento dispuesto por las autoridades nacionales.
En el decreto de necesidad y urgencia en el que se comunicó la prohibición de ingreso al país, con fecha del lunes, se exceptuaba de esta medida a las personas que estén afectadas al traslado de mercaderías por operaciones de comercio internacional de transporte de cargas de mercadería por medios «aéreos, terrestres, marítimos, fluviales y lacustres», además de los transportistas y tripulantes de buques y aeronaves.
